Se trata del Decreto de necesidad y urgencia 54/2017, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y todos los ministros.
Modifica la norma que rige las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Incorpora el rol de comisiones médicas que, en casos de accidentes laborales, deberán expedirse sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial en procura de una indemnización por enfermedad o incapacidad.
La reforma, que contaba con media sanción del Senado y debía ser tratada por Diputados, establece que “las denominadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán la única instancia, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial”.
Además fija un plazo máximo de «60 días hábiles administrativos para expedirse y ese plazo «será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas»
«La demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables».
Entre los objetivos para el Ejecutivo figura el de «evitar las situaciones de inequidad que hoy se multiplican, los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten en el ámbito de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias deberán integrar el Cuerpo Médico Forense de la jurisdicción interviniente”.
