Se trata del arancel que tributa la importación del combustible de soja producido en nuestro país, en base a lo dispuesto por la Dirección General de Comercio europea, que lo postergó al menos hasta septiembre.
Los productores argentinos habían concretado ventas por más de 20 millones de dólares en adelanto a la inminente entrada en vigencia de la nueva alícuota, prevista para el 10 de agosto.
Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, indicó que la medida revela una maniobra proteccionista para mantener cerrado el mercado con argumentos ilegales y arbitrarios, en perjuicio de nuestro país.
La UE debía retrotraer la medida que en octubre de 2016 objetó la Organización Mundial de Comercio al considerar que eran elevados e ilegales aquellos derechos antidumping de 24,6% impuestos a la producción argentina en 2013.
La reapertura permitirá compensar restricciones que se esperan de Estados Unidos y mantener las exportaciones, que en lo que va del año aumentaron 39% en volumen y 65% en ingreso de divisas.
