La cámara alta aprobó la iniciativa que establece un refuerzo extra de partidas, en 30 mil millones de pesos. Para ello se autoriza al jefe de Gabinete disponer reasignaciones presupuestarias que garanticen los fondos necesarios.
Dichos fondos no podrán afectar los recursos destinados a gastos sociales: deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el Presupuesto.
El objetivo es «promover y defender derechos de todos los trabajadores en todo el territorio nacional de la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional».
Se establece la creación del «Consejo de la Economía Popular y el Salario Social», integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro de la cartera de Trabajo, uno de Hacienda, y tres de organizaciones sociales inscriptas en el registro respectivo.
Además se crea un Registro Nacional de la Economía Popular para inscribir a los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro».
