La medida publicada en el Boletín Oficial, incluye cláusulas en las que renuncia a la inmunidad soberana, al ceder la jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York y Londres, para operaciones de deuda por hasta 20 mil millones de dólares.
En caso de controversia, serán otra vez esos tribunales los que emitan sentencia.
El Decreto 334/2017, lleva la firma de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña,y del ministro de Finanzas,Luis Caputo.
La decisión responde a «una estrategia financiera integral y del programa financiero para el Ejercicio 2017» que «estima conveniente aprovechar ciertas circunstancias de los mercados financieros internacionales, a efectos de concertar operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior.
Quedan excluidos de la renuncia a la inmunidad soberana «efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago de la Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto».
Se excluyen de la posibilidad de embargo, los bienes utilizados por misiones diplomáticas, consulares y gubernamentales, los de carácter militar, los que representen la «herencia cultural» de Argentina y bienes protegidos por «cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable».
La renuncia a la inmunidad soberana hace que el Estado argentino quede equiparado a un actor particular en el marco del derecho privado de Estados Unidos y Gran Bretaña.
